La empresa Scrinium ha sido encargada de elaborar 199 copias exactas en su formato y en sus materiales al original. El documento, según explica el prefecto del archivo, Sergio Pagano, “es uno de los más bellos” de la colección vaticana además de tener un “alto valor histórico”. La negativa del Papa a disolver esa unión fue el detonante del cisma anglicano que se produciría unos años después.

En el documento se puede leer: “Pero si [el Papa] no quisiera hacerlo, desatendiendo las exigencias de los ingleses, éstos se sentirían autorizados a resolver por sí mismos la cuestión y buscarían el remedio en otra parte”.

El ejemplar, denominado Causa anglica, pesa 2,5 kilos y consiste en un pergamino con 85 lacres (pertenecientes a otros tantos signatarios) protegidos por estuches de lata que están unidos entre sí por una cinta de seda y algodón de 40 metros de largo. Entre los firmantes se encuentran duques, barones, arzobispos y obispos.

Los facsímiles tendrán un precio unitario cercano a los 50.000 euros. El primer ejemplar será para Benedicto XVI, como ya ocurrió en las tres ocasiones anteriores en que el Archivo Secreto editó copias de documentos “preciosos”. El dinero recaudado se destinará a la restauración de otros pergaminos de la colección.

Partiendo de la situación de Comisiones Obreras, que en los últimos años tiene cada vez más mujeres afiliadas pero sin optar a puestos intermedios, esta sindicalista da un repaso a las instituciones públicas y al mundo empresarial y extrae una conclusión: a pesar de las leyes de igualdad, las mujeres siguen lejos de los puestos de responsabilidad. La culpa la tiene, dice, la inexistencia de políticas cremallera. Seoane denuncia que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos sigue siendo “muy bajo, de un 36% en CC OO y un 32% en UGT”. “Se han implementado las medidas de acción positiva”, explica, “¿pero dónde están esas mujeres?”.

El libro denuncia “las pequeñas trampas que las empresas ponen para limitar el acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad”, que también se dan, especialmente, reconoce, en los sindicatos. “Yo hubiese preferido no sacar estas conclusiones sobre mi propia organización”. Seoane reconoce que el libro es muy crítico con la organización. “Me resultó sorprendente que saliera”, cuenta y asegura que aún no ha recibido reacciones del sindicato.

Debate abierto

Ayer, la sala del Club de Prensa de Santiago se llenó de compañeros y compañeras que acudieron con Seoane a la presentación del libro, el único que existe en España sobre esta temática. “Las mujeres representamos más del 50% de la población, eso tiene que verse, que nosotras no tengamos sólo la responsabilidad suave”, se escuchó desde una butaca.

La crisis se apoderó del debate, tras la intervención de Salvador Fernández Moreda, presidente de la Diputación de A Coruña. Moreda aprovechó para arremeter contra la derecha: “Quiero remarcar que la culpa de toda esta crisis la tienen las políticas de derecha”. A lo que una de las asistentes levantó la mano para recordar que aquel no era el centro del debate: “¿Veis?”, dijo, “esto cuenta el libro, que cuando la mujer saca un tema importante, no se le hace caso”.

La organización católica —6.000 puntos de acción, 56.000 voluntarios y 4.400 trabajadores contratados— atribuye estas cifras, entre otros motivos, a la “grave dimisión de responsabilidades” de los servicios sociales públicos. Esa dejación se traduce en que el 52% de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos. “Cáritas tiene el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos”, dijo Agea.

También reclamó un “pacto de Estado” para cubrir a todos los necesitados en todo el territorio nacional, sin diferencias entre autonomías. Agea criticó que los fondos públicos para ayudas básicas están en el mismo nivel que en 2007. “Demuestra una grave falta de previsión y ajuste ante la crisis”, sostuvo.

“Familias jóvenes”

La crisis ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda. Aumentan las familias jóvenes con niños pequeños, en primer lugar; parados recientes que comienzan a agotar la prestación por desempleo y a entrar en situación de “ingreso cero” en sus hogares; hombres solos sin hogar y en paro; mujeres mayores con pensiones mínimas, e inmigrantes en situación irregular (uno de cada tres hogares sin ingresos está formado por extranjeros porque “en menos de un año los inmigrantes han perdido más de medio millón de empleos”).

Cáritas presentó ayer, además, un estudio elaborado por los expertos Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra) y Luis Ayala (Universidad Rey Juan Carlos) sobre el sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social. El trabajo incide en que el sistema de protección social español está “siete puntos por debajo de la Unión Europea”. Será remitido a los grupos parlamentarios y al Gobierno porque, como explicó Agea, “Cáritas tiene el objetivo de complementar los servicios públicos, no sustituirlos”.

Entre centros públicos, concertados y privados, hoy comienzan las vacaciones 197.171 alumnos de Educación Infantil, 356.555 de Educación Primaria, 255.498 de Educación Secundaria Obligatoria, 88.160 de Bachillerato, 50.595 de Formación Profesional, 4.330 de Educación Especial y 180.186 de Enseñanzas Reguladas, según informó a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

Como todos los años, muchos colegios, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad, permanecerán abiertos para que los chavales, con independencia del centro en el que estudian, puedan realizar actividades deportivas, talleres de animación a la lectura, aulas de la naturaleza o incluso torneos de ajedrez. El año pasado, pasaron cerca de 35.000 niños por un total de 353 centros abiertos en más de 150 municipios madrileños.

Una gran mayoría del Congreso declaró esta tarde obsoleta la ley del aborto vigente desde los años 80. Siete partidos distintos, con representación parlamentaria, construyeron ayer una mayoría holgada y votaron en bloque en el Congreso a favor de la reforma de la ley. PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV y NaBai concretaron ayer un amplio consenso a favor de elaborar una nueva ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo.

Pero, varios de ellos, ERC, IU e ICV, cuyos votos son imprescindibles para aprobar la norma, advirtieron solemnemente que no aceptarán recortes y que, incluso, pedirán que se “eleve el listón” durante el trámite parlamentario. Es decir, que el debate de la norma a partir de septiembre no será un camino de rosas para el Gobierno, porque no podrá ceder a la tentación de hacer caso a las voces que desde dentro de partido le piden que recorte artículos. Como el que permite a las mujeres de 16 años decidir sin consentimiento ni conocimiento paterno. El PSOE quedará entre el rechazo radical del PP y la exigencia de los partidos minoritarios de izquierdas que le piden ir más allá, por ejemplo, en el número de semanas en las que se permitirá el aborto libre.

Un octavo partido, UPyD se abstuvo, pero dejando claro su opinión favorable a la elaboración de una nueva legislación. Sólo la crítica a las formas utilizadas por el Gobierno impidió que la diputada Rosa Díez se sumara a ese amplio consenso.

También se unió una parte del grupo parlamentario de CiU que, haciendo uso de la libertad de voto concedida por la dirección del grupo, apoyó la amplia mayoría a favor de la reforma.

Un total de 183 diputados derrotaron la estrategia del PP para el cambio de la norma, utilizando como base una moción del diputado de UPN, Carlos Salvador, que pedía al Gobierno que frenara el anteproyecto hasta que se lograra un consenso. La votación no es vinculante, pero da un espaldarazo al Gobierno y, según dijo la socialista Carmen Montón, demuestra que es falso el argumento de la falta de consenso para la reforma.

Junto al PP y a UPN votaron los dos diputados de Coalición Canaria y los cuatro de Unió, es decir, menos de la mitad del grupo parlamentario de CiU. Sin embargo, la diputada Celia Villalobos evitó seguir las instrucciones de su partido y decidió abstenerse. Villalobos, ex ministra con Aznar, discrepa de la línea del PP en este asunto.

Ana Oramas, portavoz de CC, explicó que no se cierra a la reforma de la ley, pero que apoyan la moción de UPN por la forma en la que el Gobierno ha gestionado este asunto. Asegura que hubiera preferido que se elaborara en Justicia o en Sanidad y que lamentaba la falta de diálogo previo del Gobierno, más allá de los trabajos técnicos de la subcomisión parlamentaria que ha trabajado durante más de seis meses.

El diputado de UPN defendió que se frene la norma, argumentando que “la crisis económica nos obliga a concentrar esfuerzos” y que el último programa electoral del PSOE no proponía una ley de plazos. “Hay que evitar la muerte en un año de 112.000 seres humanos, a los que únicamente les separa de nosotros su vulnerabilidad”.

En esta línea, la diputada del PP, Sandra Moneo, aseguró que el anteproyecto elaborado por el Gobierno es “un insulto a la inteligencia” y está basado en “premisas engañosas” y favorece un “gran negocio para algunos”, en referencia a las clínicas privadas. Incluso, la portavoz del PP, aseguró que la victoria de su partido en las elecciones europeas del pasado 7 de junio ha supuesto una derrota de las intenciones del Gobierno en su anteproyecto de ley.

Moneo explicó que si una mujer tiene un embarazo no deseado, “su error lo pagará su hijo”. Añadió que la norma que elabora el Gobierno “crea una profunda fractura social” y explicó que no debe bastar una mayoría absoluta para aprobar la ley, sino que es preciso un amplio consenso y, por eso, exigió que se retire el anteproyecto.

La portavoz socialista, Carmen Montón, hizo una encendida defensa de la necesidad de cambiar la ley y explicó que el anteproyecto será uno de los más debatidos, porque al trámite normal hay que sumarle las reuniones de diputados con colectivos afectados, los trabajos de la subcomisión durante meses y el informe de expertos convocados por el Ministerio de Igualdad.

“Consenso no es que la mayoría cambie de opinión para adoptar la suya”, aseguró Montón, para quien la moción de UPN es sólo “una maniobra para entorpecer la ley”. Explicó que se trata de adoptar una legislación como la de la mayoría de los países europeos y defendió expresamente la capacidad de las mujeres de 16 años para decidir autónomamente: “La confianza con los padres no se regula”, aseguró.

El PNV se sumó al amplio consenso para cambiar la ley, a la espera de discutir el texto concreto que envíe el Gobierno al Parlamento en septiembre. El problema para el Gobierno será poder mantener ese consenso en torno a su articulado.

Depende los votos de los partidos de la izquierda, ERC, IU, ICV y BNG que exigen al PSOE que no sólo no ceda en ningún aspecto de la ley, sino que vaya más allá. Joan Tardá, en nombre de ERC, BNG, IU e ICV, advirtió claramente al PSOE desde la tribuna de oradores: “No vamos a aceptar rebajas y si pretendieran ir un centímetro por debajo de las conclusiones de la subcomisión pasaremos de ustedes. Nuestra intención es elevar el listón y les recuerdo que somos imprescindibles”.